En innovación hay que pasar a las acciones

En días pasados Luis Alberto Moreno, el director del BID, prendió las alarmas sobre el rezago de nuestro país en diferentes indicadores relacionados con educación, innovación y competitividad.

Estos polos de desarrollo, en el sector público, dependen en Colombia del Presidente de la República, del Superintendente de Industria y de cuatro mujeres: Ministra de Educación, Ministra de Transporte, Directora del Sena y Directora de Colciencias.

El profesor Moisés Wasserman ha manifestado que la inversión en ciencia y tecnología es muy baja como también la confianza de la industria colombiana en la investigación propia. Sostiene que las patentes no surgen de la nada y que no hay milagros en este campo. A su vez, el Superintendente de Industria expresó que el Presidente Santos resaltó que necesitamos doctores y patentes. Desde hace años insistimos en la urgencia de tomar en serio la innovación como motor de desarrollo, de crecimiento y de generación de empleo. Se necesitan doctores, es cierto; pero también laboratorios y crédito.

Todos coinciden en que innovación, infraestructura y desarrollo van de la mano pero no hay fórmulas para lograr resultados tangibles en innovación que impacten la agenda global en el corto-mediano plazo.  Hay que mirar al campo para dinamizarlo, dignificarlo y convertirlo en eje de desarrollo.

Hoy entregamos en un documento sobre la encrucijada de la innovación por falta de laboratorios y crédito. La propuesta es práctica y se resume en 9 puntos que recogen experiencias de otros países y que son un referente para quienes teorizan y diseñan políticas sobre innovación. Para ello se requiere: financiación al talento emprendedor-innovador en desarrollo de empresas “start up”. Generación de instrumentos y fondos de capital de riesgo con participación estable y consistente del sector público y privado a largo plazo. Creación de fondos de inversión en investigación e innovación mediante esquemas de inversión pública y privada.

Debe haber líneas blandas de financiación bancaria e incentivos tributarios como ofrecen Corea del Sur y Finlandia. Laboratorios con equipos de punta y recursos humanos creativos y capacitados. Estimular la demanda pública en el largo plazo, para garantizar la implementación de programas de adquisición pública del producto que desarrollan. Asegurar transferencia tecnológica y de “know-how” a firmas locales. Asesoría y acompañamiento legal con un adecuado entendimiento de las brechas del mercado y con la identificación de necesidades latentes en los consumidores, y finalmente se requiere que el recurso o capital humano no se circunscriba a ciertos perfiles de investigadores con doctorados, maestrías o especializaciones.

Diario La República – Editorial

Miércoles , Noviembre 27, 2013

No se puede innovar por decreto

Este experto en políticas de ciencia, tecnología e innovación dice que es necesario vincular los sectores científico y tecnológico con el empresarial para producir la “chispa mágica de la innovación”.

Francisco Sagasti, estuvo en Colombia y dijo que es preocupante el escaso desarrollo científico y tecnológico del país. / David Campúzano

Cuando alguien se sumerge en el pasado a estudiar la historia de la ciencia en América Latina, el peruano Francisco Sagasti es referencia obligada; ha trabajado en el tema desde hace mas de 40 años. Y quien mejor que el para conversar sobre lo que esta sucediendo en nuestro país (ahora que se discute la política de ciencia, tecnología e innovación), teniendo en cuenta no solamente que es un experto, sino que tuvo la oportunidad de vivir en Colombia y ser testigo presencial de la evolución del sector.

En este momento de coyuntura, cuando uno de los ejes del Gobierno es la innovación, El Espectador aprovechó su visita para conversar sobre temas que podrían hacer de Colombia un país innovador.

Sagasti parte del hecho de que “tratar de hacer que la comunidad científica se vincule a la sociedad es difícil”, pero asegura que es clave transmitir y compartir las ideas centrales de lo que es el método científico, “de la forma como funciona la ciencia, para poder entender lo que hacen los científicos”.


¿Es posible que el sector político y la comunidad científica dialoguen para beneficio de los ciudadanos?

Para entablar una conversación se necesitan dos. El problema es que hemos tenido un monólogo. Los científicos se sienten incomprendidos, que sus mensajes no llegan al Gobierno, y el Gobierno no entiende la lógica de la comunidad científica, le parece que pide cosas excesivas, que a veces no produce resultados.

Yo creo que lo esencial es tener en el Gobierno un grupo de personas que tenga una concepción clara de cuál es el papel y la contribución a corto, mediano y largo plazos de la capacidad de investigación científica y de desarrollo tecnológico. Y es responsabilidad del científico informar a los políticos de tal manera que entiendan realmente qué es lo que pueden esperar de ellos.

¿Y qué hay de la relación de los académicos con el sector productivo?

No todos los científicos deben estar forzados a vincularse con el sector productivo. Por otro lado, algunos investigadores han estado poco interesados en los desarrollos tecnológicos a partir de sus descubrimientos. Lo que hemos empezado a comprender es que uno no puede innovar por decreto. La innovación es el resultado de juntar ideas, imaginación, creatividad, el uso alternativo de un producto o un proceso que sirve para satisfacer una necesidad determinada, ya existente o anticipada.

Muchas de las innovaciones crean sus propios mercados, como es el caso del iPad o del iPhone. Lo que hemos aprendido es que no hay una manera única de producir innovaciones; lo que tenemos que hacer es crear un ecosistema dentro del cual se pueda innovar.

¿Qué se necesita para consolidar una comunidad científica en un país como Colombia?

Definitivamente se requiere financiamiento para el recurso humano, que es lo clave, equipamiento, investigación, proyectos, viajes, publicaciones, y para los experimentos, de los cuales no todos tendrán éxito; hay que aprender de los errores y seguir avanzando. Todo esto cuesta: ningún país puede tener una comunidad científica viable —acorde a su tamaño— con menos del 1,5 o 1,2% del PIB invertido en investigación y desarrollo. Y en toda América Latina estamos a un tercio de esto.

En las primeras etapas no hay escape: el financiamiento debe provenir del sector público. Luego hay que buscar mecanismos para que cada peso invertido levante financiamiento de otros actores. Eso ha sido así en todos los países que han logrado desarrollar capacidad científica y tecnológica.

¿Cuáles serían otros factores claves para una comunidad científica sólida?

Fomentar vocaciones. Uno de los temas graves de América Latina es que un porcentaje reducido —menos del 30%— de los estudiantes universitarios estudia disciplinas científicas, ingenierías o medicina. En China es alrededor del 60%. Debemos tener una infraestructura institucional razonable y adecuada, muy diversificada.

En tercer lugar, la gran mayoría de las innovaciones en el siglo XXI están surgiendo de la combinación de disciplinas: física con biología, investigación energética y medicina, ingeniería genética y computación. Aquí el Estado tiene un papel importantísimo, ya no como financiador sino como orientador, y eso tiene que hacerse en un proceso muy participativo con la comunidad científica, la sociedad civil y el sector empresarial: identificar aquellas áreas en las cuales es pertinente y necesario invertir recursos de una gran magnitud para desarrollar las capacidades para el futuro.

¿Cómo ve a Colombia?

Muy preocupante. Hace 25 o 30 años Colombia era uno de los ejemplos en los cuales uno podía apreciar un desarrollo más o menos balanceado de la capacidad científica, el desarrollo de la tecnología y la innovación. Ese balance y esa vinculación estrecha entre investigación, desarrollo tecnológico y producción se han perdido. Y pareciera que ese terrible problema —los científicos por un lado y los empresarios por otro— ha marcado a muchos países de la región. Yo creo además que esa concepción estrecha de fomentar la competitividad —entendida como mejor infraestructura o la simplificación de trámites— es un grave error, y es lo que está prevaleciendo; en otras palabras, la competitividad a la Davos. Sin innovación tecnológica, la competitividad es algo que se desvanece muy rápido.

Pero la comunidad científica no está exenta de culpa. He visto casos de científicos que desprecian a aquellos que hacen algo aplicado, y desgraciadamente ese tipo de cultura todavía existe. La innovación es un fenómeno sumamente complejo, difícil de gobernar; es muy complicado tener un organismo rector de la innovación, es casi una tierra de nadie. Se requiere un trabajo conjunto, la creación de entornos y condiciones mínimas, y esto no es responsabilidad de una persona, sino colectiva. Lo que yo esperaría que suceda en Colombia es que vuelva a esa convergencia, que admirábamos hace unas décadas, entre investigadores científicos, ingenieros desarrollando tecnología y empresarios innovando.

El principio básico es crear una base de científicos y capacidad de investigación que se transforme en capacidad de desarrollo tecnológico e incorpore las actividades productivas.

¿Cuál es la juventud que queremos?

Una juventud que tenga compromiso con su país y una aspiración a superar constantemente su formación y su conocimiento. Pero hay un tercer factor que será clave: una conciencia clara de que el mundo en el cual vivirán no tiene que ver con el actual. Tienen además el enorme desafío de mirar hacia el futuro y darse cuenta de que sólo la comprensión de ese nuevo mundo, más el compromiso de tener el conocimiento para saber cómo enfrentarlo y ayudar al resto, permitirán superar el difícil trance que será el siglo XXI.

EL ESPECTADOR – 15 Ago 2012

Se abre paso a un gran laboratorio de patentes

La ex presidente de Chile, Michelle Bachelet, dijo la semana pasada durante su visita a Colombia que para poder competir y sobrevivir en el mundo globalizado había que innovar.
Cuando se habla de innovar pensamos en educación, en tecnología, en productividad, en competitividad, en mercado y como es obvio, en empleo.

Cuando la ex presidente chilena habla de “innovar o morir” inmediatamente asociamos innovación con propiedad intelectual y todos los caminos conducen a un mundo que nos alimenta y que alimentamos, a un mundo del cual dependemos, a un mundo al cual pertenecemos; pero un mundo en el que muy poco incidimos: el mundo de las patentes.

Solamente las tecnologías patentadas que están asociadas a la telefonía celular, al disco compacto, al airbag, al horno microondas, a los videos juegos, a la cámara digital, al ipod, al laptop y a la memoria USB, han generado más de ciento cincuenta millones de empleos en el mundo.

De otro lado, los ingenieros eléctricos estadounidenses Jack Kilby y Robert Noyce nunca imaginaron que la patente del circuito integrado o chip de silicio revolucionaría el mundo y le aseguraría empleo a millones de personas. Tampoco David Payne, Randy Giles y Emmanuel Desurvire coinventores de la fibra óptica sospecharon que la patente del dispositivo conocido como amplificador de fibra dopada con erbio, cambiaría el estilo de vida de la humanidad y generaría cientos de empleos para técnicos, obreros e ingenieros.

Encontrar personas en Colombia que tengan experiencia en patentes internacionales no es fácil por una razón muy simple, nuestros indicadores en ciencia, tecnología e innovación respaldados con patentes internacionales son dramáticamente bajos. Para dar un ejemplo, entre el 1 de enero de 1977 al 31 de diciembre del 2008 a Corea del Sur la oficina de patentes y marcas de la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos le concedió 62.767 patentes y en el mismo periodo a Colombia le fueron concedidas 209 patentes.

Colombia se encuentra en este momento negociando con Corea del Sur un tratado de libre comercio. Ante semejante desproporción que se hace todavía más alarmante con los Estados Unidos, son muchas las preguntas que surgen para quienes tienen la responsabilidad de conducir este país en los próximos años.

En el mismo periodo, es decir en treinta años, solamente Estados como California registraron 393.085 patentes, Arizona 34.276 patentes, Florida 67.175 patentes, Michigan 97.709 patentes y Estados con una vida bucólica como Montana, registraron 3.123 patentes. Países como Mónaco, Islandia, Polonia, Checoslovaquia, Turquía, Filipinas y Tailandia nos superan. En el contexto regional y en el mismo periodo, a Brasil le fueron concedidas 2.210 patentes, a México 1.912 patentes, a Chile 272 patentes, a Costa Rica 229 patentes. Hasta Venezuela nos superó con 652 patentes.

¿Cómo competir de verdad para poder firmar en condiciones equitativas un TLC con Corea o con cualquier país desarrollado, si al día de hoy no alcanzamos a superar 230 patentes frente a Corea que ya en el primer semestre de este año está sobrepasando las 70.000 patentes?

¿Cómo aspirar a conquistar nuevos mercados por fuera del carbón, oro, petróleo, confecciones, industria gráfica, frutas, artesanías, si según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, para el año 2007 solo el 6.1 por ciento de las patentes solicitadas en Colombia fueron gestionadas por sus residentes. En ese mismo año únicamente el 0.005 por ciento de las patentes solicitadas en Estados Unidos fue gestionada por colombianos.

El profesor Alfonso Correa, Asesor de la Universidad Nacional, dijo a los medios de comunicación que “un país sin investigación es ciego, sordo y mudo”. Ciego porque no sabe para dónde ir, sordo porque no entiende nada de lo que los otros le dicen y mudo porque no tiene nada que decir.

Es el momento de darle valor agregado a los bienes que consumimos y convertirlos en productos procesados con talento colombiano, con investigación colombiana y con creatividad colombiana. Si somos competitivos produciendo y generando conocimiento, dejaremos de ser solamente exportadores de materias primas.

Colombia apenas invierte el 0.39 por ciento del PIB en ciencia y tecnología según el Observatorio de Ciencia y Tecnología. Se podría decir que hay investigadores pero no hay laboratorios, que hay inventiva pero no hay crédito, que hay proyectos que podrían convertirse en grandes emprendimientos pero el sistema financiero no está interesado en que dichos proyectos constituyan una garantía, a pesar de que la banca por definición y por principio es un servicio público. Tampoco se han desarrollado conceptos tan universales como el de capital de riesgo aplicado a la investigación. La confianza inversionista no solo debe entenderse para extraer y comercializar recursos naturales no renovables, sino también para estimular, promover y desarrollar proyectos de investigación que son los que realmente definen y generan el desarrollo.

En Colombia universidades como EAFIT, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional y algunos empresarios han logrado obtener patentes relacionadas con la salud, como tratamientos para protección de ojos y de oídos, prótesis ortopédicas, vendajes, dispositivos anticonceptivos o instrumentos para medir la recuperación de pacientes con labio leporino y paladar hendido. También en la industria, prensas hidráulicas para la manipulación de piezas de manufactura y avances aislados, pero muy significativos en temas sensibles para el medio ambiente como tecnología para disminuir la emisión de gases contaminantes, ahorro en el consumo de combustible, nuevos materiales para estructuras en grandes proyectos de infraestructura y tecnología para encapsulamiento de residuos tóxicos. Muchos de esos esfuerzos se realizan sin protagonismo, sin alardes, sin el apoyo del Estado y sin que se utilice crédito local para su financiación. Lo paradójico es que se han logrado resultados sorprendentes con reconocimiento en el exterior y apoyo de inversionistas e instituciones extranjeras a innovaciones radicales lideradas por empresarios colombianos.

¿Cómo superar los indicadores actuales en materia de innovación y patentes y así poder competir generando productividad y empleo?

Para el empresario Carlos Alberto Plata Gómez, quien con un grupo de profesionales colombianos lidera varios desarrollos asociados con innovaciones radicales e incrementales que han obtenido reconocimiento por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, “no solo debemos pensar en la brecha numérica que puede parecer dramática frente a países desarrollados o inclusive frente a países de la región. Para mí es más importante pensar en la calidad de las patentes en términos de innovación, de utilidad y aplicabilidad industrial, y sobre todo de relevancia continental – global en función de la preservación del ecosistema”. Hay tres ejes sobre los cuales debe gravitar una patente: primero: innovación, segundo: utilidad y tercero: mejoramiento de la calidad de vida preservando el ecosistema. Hay que mejorar drásticamente la oferta nacional de innovación. Tenemos el más importante de los recursos que es el talento humano y la biodiversidad, pero hay que generar valor agregado a los productos y servicios de origen nacional. Trabajar en innovaciones radicales e incrementales es bastante posible desarrollando los artículos 4° y 7° de la Ley 1286 de 2009 que es la espina dorsal de una verdadera política de innovación armonizando el rol del Estado con la iniciativa privada.

Es el momento de abrir ese enorme contenedor de inteligencia y creatividad que es Colombia, garantizándole al desarrollador y al emprendedor un adecuado acompañamiento en asesoría legal internacional, apoyo logístico, asesoría en mercadeo con visión nacional, continental y global, crédito a través de instrumentos financieros apropiados y laboratorios.

“Debemos aprender de la experiencia de otros países que como el caso de los Estados Unidos desde hace 200 años entendió perfectamente cómo funcionaría el mundo de la innovación y de la propiedad intelectual. En 1911 superaron el millón de patentes y en 1999 habían llegado a seis millones de patentes. Hay que repasar el Morrill Act y entender cómo surgieron los colegios industriales y la importancia que tuvieron los laboratorios como la vía para cohesionar a un país generando sentido de pertenencia, arraigo, autoestima e identidad nacional. En 1853 el profesor Jonathan Turner, después el Senador Lyman Trumbull de Illinois y el Representante Justin Morrill de Vermont, concibieron el más ambicioso programa para desarrollar el conocimiento científico y tecnológico. El señor Morrill debió padecer toda clase de vetos, inclusive del Presidente James Buchanan, hasta que finalmente el Presidente Lincoln, con gran visión y en medio de la Guerra Civil, viabilizó el “Morril Act” en 1862. Posteriormente el Presidente Ulysses Grant le dio mucha más fuerza a esta iniciativa, más presupuesto, crédito, más laboratorios y un gran impulso y estímulo a la iniciativa privada.

No hay que olvidar que los Estados Unidos es un país de inmigrantes, multicultural y pluriétnico, que logró construir un modelo de competitividad, de productividad, de crecimiento, de equidad y de capacitación del intelecto a partir de los colegios industriales y de la propiedad intelectual que fueron el origen de universidades como Illinois, Michigan, Cornell, MIT, etc. Ellos tuvieron muy claro que si querían pensar en una civilización debían generar conocimiento e identidad nacional.

No se puede hablar de desarrollo sin investigación, como tampoco se puede pensar en ser competitivos sin innovación y sin crédito.”, enfatiza Plata.

¿Qué se debe tener en cuenta en el trámite de una patente internacional para una innovación radical? Primero: rigor conceptual y metodológico, segundo: muy buenos asesores legales internacionales, tercero: proteger muy bien la información para evitar sabotajes o espionaje industrial, cuarto: paciencia y lo que el profesor Joseph NYE llama capacidad diagnóstica intuitiva, para tratar de entender lo que significa el peso muerto de los intereses creados. La tecnología está moldeando hoy gran parte de la historia y del comportamiento humano.

Tenemos biodiversidad, pero ¿qué nos falta: laboratorios, especialistas, doctores o crédito?

Nos falta un poco de todo, pero hay mucho talento y una biodiversidad que envidian muchos países.

Colombia no puede ser idiota útil o servirle de comparsa o de yunque a países o multinacionales que simplemente nos ven como un segmento del mercado. Abrir las puertas a un mercado como el nuestro debe ser sinónimo de reciprocidad en términos de transferencia de tecnología, formación de capital humano, estímulo a la industria nacional e inversión en laboratorios.

En cuanto a nuestra biodiversidad, la confianza inversionista debe ir más allá de la explotación y comercialización de los recursos naturales no renovables, debe generar una contrapartida en inversión para investigación que se materialice en tecnologías que permitan el uso racional de esos recursos naturales y una relación realmente armónica con la naturaleza, para evitar que se siga presentando tanta degradación ambiental.

El empresario plantea que “claro que faltan muchos investigadores con doctorados, con maestrías o especialización, pero no hay que olvidar que Colombia es un país de autodidactas y empíricos. Se requiere además generar ya una plataforma para facilitar el emprendimiento de miles de empíricos que no tienen acceso a crédito, ni a laboratorios, ni a acompañamiento legal y menos, a asesoría para acceder a mercados internacionales. Nosotros realizamos más de 800 sesiones con investigadores autodidactas y emprendedores empíricos de diferentes ciudades para entender un poco mejor por qué tenemos indicadores tan modestos en trámite de patentes y en innovación. Entre los investigadores, un alto porcentaje comparte las mismas preocupaciones, traumas, frustraciones, limitaciones, y en muchos casos, aprehensiones. Hay dispersión y barreras culturales y psicológicas que es necesario superar. Es muy importante mejorar la comunicación entre las universidades, los investigadores con doctorados, la empresa privada y los emprendedores autodidactas y empíricos. El Sena está empezando a jugar un rol importante y seguramente con el desarrollo de la Ley 1286 de 2009 y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología se avanzará, si se logra interpretar las tendencias y sensibilidades del mercado”.

Con un grupo de empresarios nacionales y extranjeros estamos trabajando en un proyecto de mega laboratorio de competitividad y propiedad intelectual para generar, administrar y gerenciar conocimiento. La brecha numérica y los bajos indicadores son superables si hay la visión, la convicción y la debida concertación entre los diferentes actores.

Nuestra experiencia nos ha permitido valorar enormemente el talento nacional y lo que veíamos hace 10 años imposible de realizar, como es desarrollar innovaciones radicales, que es una verdadera ruptura con muchos paradigmas tecno – económicos y de mercado, se logró con el apoyo de un grupo interdisciplinario, y si se quiere, bastante heterogéneo de profesionales y de innovadores.

No pocos de estos emprendedores que hemos podido conocer y con quienes hemos compartido experiencias vienen de la microeconomía del rebusque y es donde uno ve que la falta de crédito y la falta de apoyo logístico y metodológico se convierten en carburante de muchas inequidades.”

LA REPUBLICA
Miércoles 9 de junio de 2010

La ciudad, su crecimiento y la norma

Carlos Alberto Plata

DEPARTAMENTO ADMISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL


Bogotá, marzo, 1988

Reverendo Padre

GABRIEL GIRALDO

Pontificia Universidad Javeriana

Es para mi verdaderamente grato haber podido orientar las juiciosas reflexiones que sobre la ciudad, su crecimiento y desarrollo ha hecho CARLOS ALBERTO PLATA GOMEZ en el trabajo que presenta para optar al título de Doctor en Ciencias Jurídicas.

Estoy plenamente convencido que este estudio constituye un significativo aporte para aquellos que entienden la necesidad de conocer las condiciones en las cuales crecen nuestras ciudades y las indiscutibles implicaciones que su crecimiento tiene en nuestro quehacer cotidiano.

Disciplinas como la que podríamos denominar Derecho Urbanístico o el Estudio de la Norma Urbana, bien merecen un destacado lugar en los temas de actualidad curricular.

No creo incurrir en hipérbole cuando aseguro que esta investigación es única en su género por cuanto involucra un cuidadoso estudio del tema y a la vez por parte del autor una ya reconocida experiencia en estas materias.

Finalmente no podría terminar esta breve presentación sin reconocer a usted, reverendo Padre, la más alta de las distinciones para este elaborado trabajo.

Cordialmente,

Fernando Ruiz Gutiérrez
Director

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Carlos Alberto Plata
Carlos Alberto Plata

Mega Laboratorio


En los últimos sesenta años se han patentado inventos como la fotografía instantánea, el anticonceptivo oral, los cierres velcro, el cinturón de seguridad, el microchip, el marcapasos de implante, el corazón artificial, internet, la identificación genética (ADN),y los teléfonos celulares entre muchos más.

Todas estas innovaciones han sido muy publicitadas pero pocas personas saben que es el ECD (Electron Capture Detector) mediante el cual el profesor James Lovelock logró demostrar que los gases que polucionan la atmosfera se esparcen por todo el planeta en lugar de concentrarse en el área inicialmente impactada. Ejemplos como el ECD pueden repetirse con desarrollos en los cuales haya intervenido un latino, pero los nombres de Latinoamericanos solo aparecen excepcionalmente en tres o cuatro de cientos o miles de innovaciones y muchos de ellos participan discretamente en investigaciones utilizando recursos propios o medios y logística facilitada por Universidades Extranjeras o por multinacionales.

Un caso muy típico es el del ingeniero colombiano Jorge Reynolds quien siendo inspirador del marcapasos, nunca contó con laboratorios apropiados para mejorar el dispositivo.

Fue Wilson Greatbatch con el apoyo de la Universidad de Cornell en donde estudiaba para obtener la licenciatura en ingeniería eléctrica, patentó el 22 de Julio de 1960 el marcapasos de implante con el número de patente US3057356.

El caso del profesor Reynolds, quien goza de amplio reconocimiento internacional, se puede repetir con muchos colombianos que no han contado con financiación, ni con un laboratorio, ni con acompañamiento legal, ni con asesoría para evaluar y conocer mercados.

A raíz de la propuesta de un grupo de empresarios de impulsar un mega-laboratorio de patentes para generar, administrar y gerenciar el conocimiento y el talento colombiano, presentamos la opinión de investigadores y desarrolladores con experiencias fallidas y exitosas en materia de patentes, en un país que como el nuestro, tiene uno de los más bajos coeficientes de invención del hemisferio.

Todos coinciden en que no hemos sabido gerenciar el talento colombiano y en la importancia del mega-laboratorio por considerarlo un proyecto realista, realizable y concreto, pero además proponen vincular al mega-laboratorio a las multinacionales que explotan recursos naturales no renovables para que se desarrollen tecnologías con talento colombiano y así mitigar y evitar el enorme deterioro y degradación ambiental producida por la explotación, en no pocos casos, anti técnica e irracional de los recursos naturales no renovables. Es claro para los entrevistados que si las multinacionales se concientizan ecológicamente, no se hubieran producido eventos tan lamentables como el del Golfo de México.


El mega laboratorio: una propuesta real


La investigación no aguanta más demora

Gasto Público

$482.5 millones, avalúo catastral de El Campín y la plaza de toros

El estadio El Campín y la plaza de toros tienen un avalúo catastral de $482.5 millones y no cuentan con levantamiento topográfico, áreas construidas y linderos para hacer la transferencia legal, sostiene un estudio adelantado por el Instituto Distrital para la Recreación y  Deporte.

A raíz de un informe rendido por el delegado del Concejo en la junta directiva del IDRD, Carlos Alberto Plata, y que publicó El Espectador, la directora de ese organismo, María Amalia Casas Restrepo, aclaró que “no existe controversia por la ‘legalidad de los terrenos distritales’ en los cuales se encuentran construidos el complejo deportivo de El Campín, la plaza de toros de Santamaría y algunos parques distritales, toda vez que estos pertenecen en forma clara y diamantina  al Distrito Especial de Bogotá, de acuerdo con los certificados de registro, expedidos por la Superintendencia de Notariado y Registro”.

Sin embargo, el estudio adelantado por el Instituto sostiene que el complejo deportivo de El Campín está constituido por 5 lotes, con una superficie aproximada de 334.389.25 metros cuadrados, de los cuales parte se destinó para ampliación de vías, otra  fue vendida por el Distrito en lotes para la construcción de viviendas y en la restante se construyeron las unidades deportivas y ratifica que no hay planos topográficos y no ha sido aceptado por Planeación del Distrito.

Necesidad Topográfica

Carlos Alberto Plata dijo que en el informe rendido al doctor Luis Carlos Galán y a los concejales del nuevo Liberalismo, no había sostenido que los predios no fueran propiedad del Distrito, sino criticado la falta de legalización en cuanto a linderos de construcción por que había hecho ventas de terrenos.

Indicó que un informe del IDRD sostiene sobre El Campín, cuyo avalúo catastral es de $369 millones, que “en los folios de matrícula inmobiliaria recientemente solicitadas de cada uno de los lotes aparecen compra-ventas  parciales, lo que indica que no han sido desenglobados y por consiguiente alinderada cada una de las construcciones. Para aclarar esta situación y por exigencia de la Personería Distrital, es necesario un levantamiento topográfico, con áreas construidas y linderos. Plano que no se ha conseguido en averiguaciones efectuadas en las distintas dependencias distritales y no lo tiene el Instituto, pues dicho plano de ser aprobado por Planeación Distrital, oficina que exige requisitos especiales para esta clase de planos”.

Con respecto a la plaza de toros de Santamaría, el informe del IDRD explica que el área del lote es de 14.304.2 metros cuadrados, avalúo catastral de $113.5 millones y de construcción apenas 4.151 metros cuadrados, donde el Distrito “efectuó ventas parciales de terrenos adyacentes a la plaza de toros, comprendidos dentro del mismo folio de matrícula inmobiliaria sin que en la actualidad aparezcan desenglobado; por esta razón y por no tener un levantamiento topográfico aprobado oficialmente, para demostrar y establecer el terreno y construcciones que son objeto de la transferencia al IDRD,  la Personería Distrital no aprobó la documentación que se le presentó para correr la respectiva escritura de traspaso”.

En el informe también se hace un análisis de los parques de la ciudad y se indica que el de El Salitre no cuenta con ninguna referencia sobre el levantamiento de las instalaciones que se han realizado en los 21.868 metros cuadrados de construcción, “ni levantamiento topográfico necesario para determinar área y linderos del terreno”.

Con relación a otras propiedades expresa el documento que el parque Olaya Herrera “no tiene número de nomenclatura oficial, por lo cual no se ha podido sacar certificación catastral” y en el parque de Timiza “no es posible obtener certificación catastral ni número de folio de matrícula inmobiliaria, por cuanto son terrenos sin desarrollar –llamados así por la Oficina de Catastro—y no figuran incorporados en los planos de la Oficina de Catastro Distrital”.

Cesión a Clubes

Carlos Alberto Plata justificó cada uno de los puntos contemplados en el informe rendido a Galán y a los concejales del Nuevo Liberalismo, los que fueron controvertidos por la directora del IDRD, María Amalia Casas, y sobre la probable entrega del estadio El Campín a los clubes Santa Fe y Millonarios para su administración, manifestó:

“Con el entonces presidente de la junta directiva, Marco Tulio Gutiérrez, y con el doctor Roberto Fernández, conformamos una comisión para estudiar la posibilidad de entregar el estadio a los clubes para su administración y no fueron pocas la reuniones donde se trato este tema.

Se trataba de un proyecto que fue ventilado por la comisión a la que hago mención, sin que hasta el momento se haya concretado. Lo cierto es que se trataba de una posición oficial porque estábamos representando a la junta directiva en las conversaciones con los clubes”.

Reitero los comentarios hechos en su informe y que publicó este diario sobre la licitación internacional para la plaza de toros y confirmó que el proyecto de construir la piscina olímpica fue debatido en junta directiva y en la Comisión de Presupuesto del Concejo a donde fue invitado el entonces director Juan Hernández Celis.

“Con el concejal Germán Lozano, subrayó Plata, manifestamos nuestra preocupación de comprometer o distraer recursos en construcciones que más correspondían al interés de salvar apariencias con la magnificación de semejante obra que al propósito de consultar las expectativas de recreación y deporte de los bogotanos”.

El delegado del Concejo en esa junta directiva, Carlos Alberto Plata, cargo para el que fue reelegido por dos años más, afirmó: “Entiendo y veo que las aclaraciones de la directora hechas al artículo publicado en este diario el lunes pasado, obedecen al poco tiempo que lleva en este cargo y por consiguiente, a su desconocimiento sobre los puntos ya mencionados. El informe que controvierte la directora, no solo ha sido conocido por el doctor Luis Carlos Galán, sino por los concejales del Nuevo Liberalismo, en él analizó la gestión como miembro de esa junta”.

EL ESPECTADOR
Domingo septiembre 9 de 1984

Controversia por legalidad de terrenos distritales

En el “limbo” El Campín y la plaza de toros

Serios problemas jurídicos tiene el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDRD, con el complejo deportivo El Campín, la plaza de toros de Santamaría y algunos parques, porque los predios donde fueron construidos no han sido desenglobados, por lo que su propiedad puede estar en el “limbo”.

El Espectador conoció un informe rendido por el miembro de la junta del IDRD, Carlos Alberto Plata, al Jefe del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán Sarmiento, donde hace una serie de consideraciones de tipo jurídico y critica la manera como ha sido manejada esa dependencia en el fomento de la recreación y el deporte.

Revela en el documento, que se estudia la entrega del estadio El Campín a los clubes Santa Fe y Millonarios para su administración, asunto que puede ser posible si las dos instituciones deportivas se responsabilizan de la adecuación de un estadio, que puede ser el de La Paz, en el barrio Timiza, para celebrar partidos profesionales y al fomento de las escuelas de fútbol en la capital.

En su informe, Plata sostiene que en la mayoría de terrenos donde se encuentran ubicados los escenarios que administra el Instituto hay confusión jurídica porque no han sido desenglobados y cita los casos de la plaza de toros y El Campín.

Levantamientos topográficos

En el primero, de un área de 14.304.2 metros cuadrados, apenas se construyeron 4.151 metros cuadrados y el Distrito ha hecho ventas de los terrenos adyacentes, por lo cual no se ha podido hacer la transferencia al IDRD, porque la minuta no fue aprobada por la Personaría de Bogotá.

Igual caso ocurre en el complejo deportivo El Campín, construido en cinco lotes, con una superficie aproximada de 443.389.25 metros cuadrados, donde en los folios de las matrículas inmobiliarias aparecen compraventas parciales, lo que indica que no han sido desenglobados y por consiguiente alinderadas cada una de las construcciones y para aclarar la situación se hace necesario un levantamiento topográfico con áreas construidas y linderos.

“Con los parques se presenta algo similar, añade el miembro de la Junta, porque en algunos casos falta el levantamiento topográfico, certificación catastral y folio de matrícula reciente, y en otros, son terrenos sin desarrollar y no figuran incorporados en los planos de la oficina de Catastro del Distrito, como ocurre con el Parque de Timiza”.

Explica luego la manera como fue trasladado el patrimonio al IDRD por el Fondo Rotatorio de Espectáculos Públicos, la calidad de los empleados y trabajadores de la entidad y asegura que el Instituto debe mostrarse como verdadero interprete de la voluntad popular en la recreación.

Duplicidad de funciones

Critica Carlos Alberto Plata en su comunicación la idea de construir una piscina en Bogotá y advirtió que esos cuantiosos recursos deben destinarse a la masificación del deporte a campo abierto y capacitar líderes naturales para dar más opción a los sectores populares.

“Los recursos con que contamos para ejecutar los proyectos en el área del deporte y recreación que demanda la ciudad, son en principio escasos, pero con el agravante de estar mal usados y distribuidos” explica.

Así mismo hace un juicio a la duplicidad de funciones que existen entre diversos organismos distritales  en el cuidado de los parques y avenidas, escenarios deportivos y zonas verdes, por lo que los recursos destinados a la inversión no alcanzan para cumplir el objetivo.

De la misma manera observa que es viable la fusión de los institutos de Cultura y Turismo con el de Recreación y Deporte, hecho que se podría concretar mediante un proyecto de acuerdo que debe ser aprobado por el Concejo, previo estudio que se encuentra adelantando con un grupo de técnicos en estas disciplinas.

El estadio a los clubes

Analiza más adelante la manera como se hizo la licitación internacional para la plaza de toros de Santamaría, la que al final fue declarada desierta, y asegura que cualquier paso que  se dé al respecto debe contar con un número determinado de novilladas, para dar oportunidad a los aspirantes a matadores de toros.

No está de acuerdo Carlos Alberto Plata con el término mínimo de novilladas, pues considera que en pliego de peticiones debe existir el número exacto, que puede ser 6 por año, pues estima que mínimo puede ser una y los empresarios estarían cumpliendo el contrato que se firmaría con el IDRD.

Por otro lado, el Instituto estudia la posibilidad de entregar el estadio El Campín a los equipos Santa Fe y Millonarios y conceptúa que ello puede ser posible si se les responsabiliza del fomento de las escuelas de fútbol y la habilitación de algunos estadios, como el de La Paz, para celebrar partidos profesionales, a cambio de superar las limitaciones que existen en cuanto a la explotación de renglones, como las transmisiones de radio, derechos de televisión, venta de comestibles y parqueaderos.

Reitera que en ese aspecto no se debe ceder, por cuanto son las mismas consideraciones que se han hecho con otras entidades que tienen en arrendamiento espacios del Distrito como en el campo del tenis.

Finalmente advierte: “vivimos en una sociedad contrastada, impaciente y sometida a peligrosos experimentos de la mayor capacidad destructora que han implicado el atropello de los inalienables fueros de la persona humana.  La seguridad ciudadana se encuentra amenazada por múltiples factores que producen graves tensiones sociales y que hacen vulnerable el ejercicio de nuestras actividades, circunstancia esta que exige el comprometernos en forma franca y resuelta en un solo propósito que se ha convertido en un tremendo reto histórico: el restablecimiento de los valores éticos y la defensa de la salud física y mental de nuestro pueblo”.

EL ESPECTADOR
Lunes septiembre 3 de 1984

Mal utilizados los recursos de la recreación en Bogotá

Impulsar la recreación en campo abierto y capacitar líderes naturales para dar más  opción a los sectores populares, solicitaron el concejal Germán Lozano Enciso y el miembro de la junta directiva del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, Carlos Alberto Plata.

En comunicación enviada al director del IDRD, Juan Hernández Celis, Lozano y Plata critican la inversión que espera hacer esa dependencia en la construcción de una piscina y califican la actuación del director como “ligera e irresponsable”, por desconocer una comisión  integrada por el Cabildo que analizará las necesidades de inversión, la junta directiva y las necesidades de Bogotá en materia de recreación y deporte.

Aseguran que el instituto debe mostrarse como verdadero intérprete de la sensibilidad del hombre y dirigir sus esfuerzos económicos y educativos a deportes que como el futbol, ciclismo, baloncesto y atletismo, que le han dado renombre al país.

“Sin embargo, dicen,  no hemos cumplido con la elemental tarea de estudiar con profundidad todos aquellos aspectos que en el ámbito recreacional atraen realmente a las personas de bajos estratos, que, como ya mencionamos, construyen la gran mayoría de nuestras gentes y, mucho menos, sobre la manera de impulsarlos con facilidad”.

Políticas definidas

Los firmantes solicitan a Hernández Celis definir las políticas del IDRD sobre las siguientes bases:

– Metodología para determinar los tipos y los niveles de personal que se requieren para el desarrollo de estos programas y de los indicadores sobre la relación que debe existir entre la población total y el número de profesionales y técnicos necesarios.

– Correcto planeamiento de los espacios recreativos urbanos debido al excesivo congestionamiento  de las aéreas urbanas.

– Existencia de las más diversas posibilidades de la actividad humana (vocacionales, cognoscitivas, artísticas, de relación interpersonal, servicio social, etc.) a cargo de personal capaz de atender la orientación vital de los participantes y no simplemente de responsables administrativos.

– Adecuación de los servicios a las necesidades reales comunitarias y definición de una política de prioridades que impongan límite, den forma y contenido al gasto.

Critican la inversión en la construcción de la piscina,  que consideran suntuaria y le solicitan invertir los recursos, que son escasos en el área del deporte y la recreación, en obras que representan mayores beneficios a la clase marginada.

EL ESPECTADOR
Mayo 21 de 1984

Comisión de servicios para el Plan Centro

La conformación de un comité técnico de servicios para el área del centro de Bogotá, fue adoptada por la junta del Departamento Administrativo de Planeación.

El comité quedó integrado por Carlos Alberto Plata Gómez, como presidente y actúan en calidad de suplentes Esperanza Anzola y Roberto Bernal.

Este comité tendrá a su cargo la coordinación y la aplicación de las normas correspondientes a la política de prestación de los servicios públicos  en el sector central de la ciudad. Igualmente, deberá coordinar la prestación de servicios públicos en el desarrollo de las diferentes áreas del Plan de Recuperación del Centro, con base en los planes maestros de las empresas de Acueducto y Alcantarillado, Teléfonos, Energía y EDIS.

Las empresas de servicios que tienen trabajadores en dicha zona, harán parte del comité, ya que son conocedoras de las deficiencias de prestación de los mismos y las necesidades de renovación de redes o ampliación de servicios.

De este comité también forman parte el director de Planeación,  Fernando Ruiz Gutiérrez y miembros de la junta directiva de la entidad.

Piden ajustar el plan de desarrollo

Bogotá requiere con urgencia, además del plan de desarrollo económico y social, ajustar su plan de desarrollo físico (acuerdo 7 de 1979) a las realidades urbanísticas de la ciudad, precisando conceptos como el del impacto ambiental y social; evaluar la delimitación de áreas de actividad múltiple, residencial y especializada; revisar el perímetro de servicios y las facultades de la junta de planeación, y reglamentar los usos institucionales y los conceptos como el de la zona industrial, agrológicas y ronda de río, dijo ayer el doctor Carlos Alberto Plata Gómez, de la Junta de Planeación Distrital.

EL TIEMPO
Martes 5 de agosto de 1986

Proponen crear Comisión de Gasto

El gobierno distrital debería considerar la posibilidad de integrar una Comisión de Gasto Público con representación de la administración y del concejo de Bogotá, para que evalúe el comportamiento en el gasto y su ejecución por parte de las entidades distritales, justificando la existencia de algunas de ellas o la posibilidad de transformarlas o fusionarlas para evitar que importantes recursos humanos o económicos no sean utilizados en la forma correcta, dijo el doctor Carlos Alberto Plata Gómez, de la junta de Planeación Distrital.

EL TIEMPO
Jueves 24 de julio de 1986

Piden revisar régimen de Bogotá

Gran parte del articulado del ordenamiento ó régimen especial que gobierna a Bogotá (Decreto Ley 3133 de 1968) debe ser revisado y ajustado a los requerimientos de índole político-administrativo que tiene la ciudad, para de esta forma evitar confusiones y traumatismos en los entes que tienen responsabilidad coadministradora o fiscalizadora, dijo el doctor Carlos Alberto Plata Gómez, de la junta de Planeación Distrital.

EL TIEMPO
Martes 1 de julio de 1986

Legislación urbanística

El gobierno distrital, con la asesoría del Departamento de Planeación, presentará al Congreso Nacional un proyecto en materia de legislación urbanística que elevaría a la categoría de delitos ciertas contravenciones y que dota a la administración de mecanismos más efectivos para controlar y evitar que los particulares, en forma desordenada y arbitraria, edifiquen y urbanicen en las ciudades con planes de desarrollo físico, según anunció el doctor Carlos Alberto Plata Gómez, de la junta de Planeación Distrital.

EL TIEMPO
Domingo 27 de abril de 1986

El futuro del Metro

El doctor Carlos Alberto Plata Gómez, miembro principal de la junta directiva de Planeación Distrital, pidió al alcalde mayor de Bogotá, Rafael de Zubiría, definir la situación de la Empresa Metro S.A., que según Plata Gómez no tiene la estructura administrativa ni financiera que respalde su existencia, y que tampoco cuenta con la posibilidad de desarrollar el proyecto que le fue encomendado.

EL TIEMPO
Domingo 13 de abril de 1986

Proponen una Comisión de Gasto Público para Bogotá

Bogotá requiere de un reordenamiento administrativo para actualizar y adecuar algunas de sus entidades de Servicio Público a los requerimientos y expectativas comunitarias, expresaron la presidenta del Concejo de Bogotá, Clara López Obregón y el doctor Carlos Alberto Plata Gómez, miembro de la Junta directiva del lDRD.

“Es necesario conformar una Comisión de Gasto Público similar a la que opera a nivel nacional, en donde esté representado el Gobierno Distrital y el Consejo de Bogotá, para que estudie y evalúe la filosofía y el comportamiento en el gasto de las entidades distritales, al igual que su situación económica que muchas veces refleja desfases presupuestales permanentes, los ingresos que actualmente tienen, aquellos que dejan de percibir por causas imputables a las mismas, la justificación de la existencia de algunas de ellas, la conveniencia de fortalecerlas, eliminarlas, fusionarlas o transformarlas, para que de esta forma se detecten y se denuncien las inversiones inoficiosas que se estén realizando”, afirmaron López Obregón y Plata Gómez.

De ser esto posible, sostienen, se facilitaría el diseño de una estrategia de recuperación, reajuste y habilitación de algunas entidades como ocurre con la Caja de Previsión Social del Distrito Favidi, la Caja de Vivienda Popular, la Empresa Distrital de Servicios Públicos etc. De erradicación o abolición de otras, como es el caso de la Compañía Metro S.A.,  o de agrupación de aquellas que dependen de áreas específicas y cumplen propósitos similares o idénticos.

Sobre el planteamiento hecho en el Plan de Desarrollo Bogotá 2.000, en relación con la posibilidad de fusionar los Institutos de Cultura y Turismo y Recreación y Deporte, consideran que no es oportuno ni procedente debilitar una entidad que como Recreación y Deporte, con los recursos existentes, viene realizando un trabajo aceptable, recargándole la difícil situación económica y administrativa de otra, so pretexto de crear un organismo rector de la Cultura y el Deporte en Bogotá. Además señalan López Obregón y  Plata Gómez que si bien la Cultura y el Deporte son áreas complementarias, su orientación y proyección debe obedecer a criterios coordinados pero autónomos, evitando de esta forma posibles paralelismos.

EL TIEMPO
Domingo 29 de septiembre de 1985

Urgen comisión de gasto para Bogotá

Después de conocer el informe del secretario de Hacienda de Bogotá sobre el déficit presupuestal del Distrito y la difícil situación que afrontan las entidades de servicio público, se hace más necesaria la integración de una comisión de gasto público, de alto nivel en donde esté representada la administración y el Concejo, para que evalúe el comportamiento en el gasto y su ejecución y proponga fórmulas concretas para que esas entidades optimicen la prestación  de sus servicios a los requerimientos comunitarios, afirmaron la concejal Clara López Obregón, y Carlos Alberto Plata Gómez de la junta directiva del IDRD.

Esa comisión debe estudiar la conveniencia de mantener la actual estructura administrativa de algunas de esas entidades, la justificación de la existencia de otras, la importancia de fusionarlas, transformarlas o eliminarlas, para que en algunos casos se eviten los paralelismos en las funciones y competencias, que distraen importantes recursos humanos y económicos, y para que en otros, se pueda calificar su rendimiento y el cumplimiento del objeto para el que fueron creadas, agregaron.

López Obregón y Plata Gómez, consideran que hay empresas del orden distrital que no tienen definida con claridad su configuración, utilidad y servicios. Suman a los ejemplos dados por el secretario de Hacienda de empresas que deben ser estudiadas, la del Metro S.A., que tiene como principal accionista al Distrito con una participación del 86.6% sobre el total de las acciones, y cuyo único objetivo que es la construcción del Metro para Bogotá se haya aplazado indefinidamente  por no ser viable económicamente, si se calcula que a precios de hoy el valor de la maquinaria y de las obras civiles de la línea prioritaria asciende a US$1.200.000.000.oo y su financiación no está definida.

El problema radica, según ellos, en que a pesar de no tener previsto a corto ni mediano plazo inversión productiva, se están causando gastos.

”Como puede verse, esa comisión de gasto público deberá ponderar y establecer prioridades en la ejecución del gasto de los diferentes organismos distritales, su oportunidad, conveniencia y localización”, dijo Plata Gómez.

EL TIEMPO
Miércoles 6 de noviembre de 1985

Contraloría confirma “limbo” de escenarios deportivos y parques

El Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, IDRD, no ha presentado el inventario de bienes inmuebles a 31 de diciembre de 1983, a pesar de los múltiples requerimientos, y tiene una diferencia en el inventario del almacén por $ 57.6 millones.

El informe fue entregado por el director de la División de Control Posterior de la Contraloría de Bogotá, José Genaro Feijoo, a Carlos Alberto Plata Gómez, miembro de la junta directiva del IDRD.

Según conoció El Espectador, en reciente junta directiva fue aprobada la contratación de una terna de abogados para que analice la situación jurídica en que se encuentran algunos bienes inmuebles del Instituto, como parques y escenarios deportivos, y se Dueno de nada espera firmar un convenio con la Universidad Distrital para que la Facultad de Topografía elabore los planos de esos bienes inmuebles.

Este diario publicó recientemente un informe suministrado por Carlos Alberto Plata, miembro de la junta directiva del IDRD, sobre el limbo en el que se encontraban algunos escenarios del instituto debido a la falta de planos topográficos, pero su directora, María Amalia Casas Restrepo, lo desmintió.

Sin embargo la Contraloría de Bogotá lo ratificó y es probable que ante las reiteradas solicitudes de la agencia fiscal para que se cumpla este requisito, se apliquen algunas sanciones a varios funcionarios del ente distrital.

Dueño de nada

Varios documentos han confirmado que el IDRD no es propietario de todos los escenarios deportivos traspasados después de su creación en 1979 por acuerdo del Concejo de Bogotá y si se hiciera un análisis más a fondo, es dueño de nada.

El 15 de mayo de 1984, el entonces director del IDRD, Juan Hernández Celis, en un informe rendido a José Genaro Feijoo, jefe de la División de Control Posterior de la Contraloría de Bogotá, hizo un análisis de los problemas que tiene el instituto con algunos predios y sostiene que se avanza en la recopilación de los antecedentes sobre la tradición de los inmuebles y se conoce por lo menos el propietario anterior, “no todos los inmuebles traspasados son propiedad del Distrito y ninguno de la Lotería de Bogotá”.

Añade que “la dificultad primordial para correr las escrituras a favor del instituto, radica en que la Procuraduría de Bienes del Distrito exige un levantamiento topográfico actualizado de los terrenos que actualmente conforman cada uno de los escenarios o parques, toda vez que en la mayoría figuran grandes extensiones de terrenos de propiedad del Distrito, con numerosas ventas parciales sin desenglobe y por ende con linderos, extensiones y nomenclatura diferentes a los que tuvieron en cuenta para la construcción de avenidas, calles y vías de uso público sobre estos terrenos”.

Explica en esa comunicación Hernández Celis, que para adelantar los planos, que son costosos, se espera firmar un convenio interinstitucional para que la Universidad Distrital adelante los trabajos y a cambio el IDRD le ofrezca programas y escenarios en el campo recreativo y deportivo.

Difícil legalización

A juicio del entonces director Hernández Celis, los escenarios que administra el IDRD y que tiene dificultad para su legalización son:

–    Carecen de levantamiento topográfico, la Unidad Deportiva El Campín (que tiene 5 lotes y varios anexos como el estadio el coliseo, el Club Empleados Distritales, la cancha de tenis, los parqueaderos norte y sur y el Palacio del Colesterol), la Plaza de Toros de Santamaría, los parques El Salitre, La Florida, Montes, Gaitán Cortés, Distrital del Sur, Olaya Herrera y Velódromo Primero de Mayo.

–    Son propiedad de otras entidades los parques de Timiza (del ICT), El Tunal (CAR e ICT), Kennedy (ICT) y El Lago (de la Nación y entregado al Distrito para su administración, tal como lo expresa la escritura).

–    Carecen de títulos los gimnasios deportivos del centro, norte y sur.

EL ESPECTADOR
Lunes noviembre 5 de 1984

El IDRD contrata abogados para poner al día sus títulos

La Junta Directiva del Instituto Distrital de Recreación y Deporte autorizó a la directora, María Amalia Casas, a contratar los servicios de tres abogados, para que se encarguen de clarificar todo lo que se relaciona con los títulos de propiedad, sobre los establecimientos al cuidado de ese Instituto.

La necesidad de poner al día “los papeles del Instituto” la puso de presente uno de los miembros de la junta directiva, Carlos Alberto Plata, en semanas anteriores.

En ese proceso de clarificación se supo que carecen de levantamiento topográfico El Campín, con sus anexidades que son el coliseo, el club de empleados distritales, la cancha de tenis, los parqueaderos y el “palacio del colesterol”, la plaza de toros de Santamaría, los parques El Salitre, La Florida, Montes, Gaitán Cortés, el Distrital del Sur y el Olaya Herrera y el Velódromo “Primero de Mayo”.

Según carta del hoy director de acción comunal y ex director del lnstituto de Recreación, Juan Hernández Célis,  hay parques ajenos al Distrito, en cuanto a título, así los maneje el IDRD. Tales son los casos del Timiza, propiedad del Instituto de Crédito Territorial, El Tunal, propiedad de la CAR y del Inscredial y el Kennedy, del Inscredial.

Carecen de títulos los gimnasios Centro, Norte y Sur.

Conforme a un documento de la Contraloría de Bogotá, fechado el 28 de octubre ésta encontró una interesante anomalía, consistente en la diferencia de 57 millones de pesos, acumulado entre el inventario físico y el del almacén, con fecha 31 de diciembre de 1983.

José Genaro Feijoo jefe de la división de control posterior de la Contraloría, dice, en nota a Carlos Alberto Plata, que el Instituto no ha presentado el inventario “de bienes inmuebles a corte 31 de diciembre, a pesar de los múltiples requerimientos que hemos efectuado desde 1983”.

Entre los pliegos aportados por Plata está uno donde se explica que el Gimnasio del Sur está construido en los terrenos del Parque Olaya Herrera; el del Norte está en un lote donde hay una escuela y zona verde, mientras el del Lago o de Los Novios es propiedad de la nación, aunque fue cedido al Distrito para asuntos de administración.

En cuanto a las diferencias entre los inventarios físicos y de almacén, la Contraloría pidió al IDRD nombrar una comisión que se encargue del  “levantamiento de los inventarios adquiridos por el Instituto como tal y los recibidos mediante el Acuerdo 4 de 1978”, por el cual se creó el Instituto.

EL TIEMPO
Viernes 26 de octubre de 1984

Empresa Líder del Meta

Cuando se emprende el desarrollo económico y no se toman en cuenta los factores de desarrollo social (educación, salud, cultura), queda planteada una falla en el esquema de la sociedad.De ahí que la Caja de Compensación Familiar Regional Meta haya propendido siempre en favor del trabajador metense, de crearle a éste las condiciones adecuadas, de cubrirle las necesidades primarias y buscar por estos medios la defensa de su salud, para él y su familia, como también que encuentre una canasta familiar que le permita por ser subsidiada unos precios razonables.

Este tema es siempre disputado por diversos factores.  Todos ellos pretenden ser depositarios de la verdad en este tema que a todos nos interesa.  Sin embargo, con un examen sereno de la cuestión se han analizado además de las actividades emprendidas por la entidad, que se relacionan con el trabajador mismo arriba citadas, aspectos que también se relacionan con la parte administrativa de Cofrem que merecen la pena también señalar.  Como es de todos conocido, la Superintendencia intervino a Cofrem y desde el mismo momento fue llamado como director administrativo el doctor Carlos Alberto Plata Gómez, que al aceptar el reto, fue consciente de la enorme responsabilidad que sobre él recaía.

Dio comienzo a su gestión, rediseñando la arquitectura administrativa y financiera de la entidad, considerando las enormes expectativas que existían sobre la cobertura y efectividad de los servicios ligados a Cofrem.  Es tal la perspectiva que ofrece la entidad hoy día, que puede asegurarse sin temor a exagerar que se realizó el “milagro”, y Cofrem es hoy la empresa líder del departamento del Meta.

No obstante este logro y la franca recuperación de la empresa, son necesarios otros correctivos e iniciativas para garantizar la efectividad de las medidas y correctivos que se han venido aplicando, que ya fueron presentados a su debido tiempo ante la Superintendencia de Subsidio Familiar, pero debido a su importancia publicaremos algunos de ellos en este artículo tal cual fueron presentados.

Correctivos Presentados

“Se hace necesaria la sistematización del área de mercadeo, por tal motivo se envió a la Superintendencia de Subsidio Familiar el estudio que justifica plenamente dicha pretensión al igual que el número de ofertas que se exigen para poder efectuar su adopción”.  Se ha mantenido el criterio de dar un tratamiento especial a los mercados móviles que como se manifiesta en el informe del pasado agosto 26 presentado al doctor Danilo Vega, incluye cambios de itinerario, mayor control por parte de Auditoría y Planeación del horario de los responsables de su operatividad.

“Integrar el Supermercado Cofrem al proceso de cambio de imagen de la corporación, buscando como resultante confianza y credibilidad por parte de los usuarios (afiliados y público en general) teniendo en cuenta los principios básicos de mercadeo social y desde luego un manejo racional de los elementos que garantice el éxito de la gestión comercial (promociones, descuentos comerciales, traslados al público, vinculación de los proveedores).

Además de lo anotado, se propone que en el área que actualmente ocupa el depósito de drogas y las oficinas de mercadeo, desarrollar un agresivo programa de concesiones (textiles, zapatos, ropa confeccionada para adultos y niños, ropa deportiva, discos, ferretería y otros) que permita a un costo mínimo ampliar la oferta buscando un equilibrio frente a la competencia y de esta forma poder conquistar con mensajes novedosos, que involucren buenos precios y alta calidad, una franja importante de la población que no concurre al supermercado porque no se le ofrece esta variedad de productos.

Las droguerías han experimentado una significativa recuperación incluida la localizada en la población de San Martín, situación que permitirá a la entidad acercarse al punto de equilibrio deseado.Se puede advertir una franca recuperación de la entidad.

Cabe subrayar que se ha dado estricto cumplimiento a los reglamentos insinuados e implementados durante la intervención.  En relación con el área de mercadeo se destaca la adecuación del kárdex de inventarios, la redefinición del documento denominado orden de compra, la codificación de productos nuevos previa presentación física de los mismos y oferta formal de precios y condiciones de venta, la identificación de proveedores como fabricantes o distribuidores exclusivos, la reestructuración de la Junta de Compras y un mayor control por parte de Auditoría y Planeación del horario, a los empleados de Vans.

Otro gran proyecto

Dentro del marco de todas estas iniciativas y correctivos, Cofrem en los próximos días establecerá contacto con el Concejo Municipal para presentar a través de unos concejales que se muestran dispuestos a colaborar en la presentación de un proyecto de comodato con el fin de aprovechar un terreno que actualmente se encuentra ubicado frente al supermercado; se espera que la fundamentación del Proyecto permita a Cofrem que ese terreno le sea entregado en comodato y de esta forma darle el uso que Cofrem necesita, entendiendo por éste la ampliación del supermercado.

No puede faltar expresiones

En toda fiesta llanera que se respete, no puede faltar el “coleo”, una de las expresiones más bellas del folclor de esta hermosa y pujante región del país. Es allí donde vaqueros muestran todas sus habilidades para dominar el mas fiero animal y de paso divierten al público, que al son de arpa y el cuatro, pasa momentos inolvidables.

EL ESPACIO
Jueves 30 de Octubre de 1986

El Metro en interinidad

La situación de la Empresa Metro S.A. que está en una asfixiante interinidad administrativa y financiera desde que fue creada, debe ser revisada y le corresponderá al nuevo alcalde de Bogotá, Julio Cesar Sánchez García, pronunciarse sobre la viabilidad del proyecto de transporte colectivo metropolitano para la ciudad.

Así lo expresó ayer Carlos Alberto Plata Gómez, miembro de la Junta de Planeación Distrital, quien dijo que la empresa sólo ha servido para causar gastos en sueldos y prestaciones sociales para los empleados y que el único ingreso que percibe está constituido por intereses y rendimientos financieros por inversiones temporales en certificados de Depósito a Término.

“Puede decirse entonces, añadió, que la mal denominada empresa de transporte masivo tiene como única función percibir intereses como resultado de la colocación del capital aportado por sus socios”.

Los gastos

En sólo la revisoría fiscal y la subgerencia financiera,  la entidad invirtió entre 1983 y 1985 alrededor de $6.191.140,  discriminados así: $4.641.195 en sueldos y $1.519.945 en prestaciones sociales.

En cuanto a las transferencias se puede observar que durante el mismo lapso alcanzaron a $1.120.110 y en gastos generales se invirtieron $1.297.991.

Para Plata Gómez estas cifras son minúsculas si se comparan con el costo de los estudios técnicos como los de factibilidad, asesoría para la elaboración de pliegos de condiciones para realizar la licitación pública internacional y estudios de suelos.

La empresa no tiene previsto en este momento, ni a corto ni a mediano plazo, programas de inversión productivos, si se considera que el único objetivo para el cual fue creada se encuentra aplazado indefinidamente por no ser viable económicamente,  circunstancia que seguramente no fue prevista durante su creación.

“Quienes con carácter visionario, sostuvo, atribuían al proyecto virtudes irremplazables y con verdadero entusiasmo lo hicieron protagonista de primera línea en los debates que ocuparon al Concejo y a la administración distrital en 1982 y quienes utilizaron el proyecto como expediente de figuración asumiendo eso sí  la paternidad responsable del mismo pero desconociendo la magnitud  de  la inversión, debieron resignarse con una empresa que vegetaba en un absoluto marasmo”.

La historia

La Empresa Distrital de Transporte Colectivo Metropolitano, Metros S.A., fue creada como una sociedad comercial anónima de economía mixta, regida por las normas concernientes a las empresas industriales y comerciales del Estado.

El capital autorizado se fijo en $460 millones que corresponden a 4.600 acciones con valor nominal de $100.000 cada una. Del capital autorizado al momento de constituirse la sociedad se suscribieron acciones por $231 millones que correspondían al 50.2 por ciento del capital.

EL ESPECTADOR
Martes, 12 de agosto de 1986